El ejercicio del crédito fiscal se ha visto sujeto a muchas modificaciones a lo largo de los años, en su mayoría inclinados más hacia su control y regulación. En este articulo Monica Rubio, abogada financiera, nos habla sobre la situación en la que se encuentran las empresas exportadoras y las principales leyes que deben tomar en cuenta para el desarrollo de sus operaciones.

Las normativas más importantes se encuentran recogidos en el artículo 19 del TUO de la Ley del IGV e Impuesto Selectivo al Consumo, y que mediante la Ley N.o 292151 se han aprobado las disposiciones que fortalecen los mecanismos de control y fiscalización de la Administración Tributaria respecto de la aplicación del crédito fiscal, complementando las modificaciones efectuadas por la Ley N.o 292142.

Al respecto, se añade una más, cuya controversia es de la que versa este artículo. Citando el artículo 19 de la Ley del IGV, define la exigencia de tres requisitos formales para ejercer el crédito fiscal, dentro de los cuales no se encuentra dicha exigencia. Decreto Legislativo N.o 9403, en su Primera Disposición final, que podrán ejercer dicho derecho, a favor del exportador (18, 19, 23, 34 y 35 de la Ley del IGV) a partir del periodo en que se acredite el depósito en la cuenta de detracciones. 

¿Acaso esto significa que, según la SUNAT, el Decreto Legislativo N.o 9403 añade una nueva exigencia que restringe el derecho al crédito fiscal, modificando tácitamente el artículo 19 de la Ley del IGV? Este mismo cuestionamiento llevó a que un contribuyente interponga demanda contenciosa administrativa contra las decisiones del Tribunal Fiscal y la SUNAT de reparar el uso del crédito fiscal alegando que no se habría cumplido el requisito de pagar la detracción vinculadas a dos facturas cuyo depósito de detracción fue realizado con posterioridad a la emisión y pago de las mismas. Es así que, en vía de casación, alegó defectos de motivación e infracciones normativas que originaron que la Corte Suprema realizará un nuevo análisis sobre el fondo de la controversia.

Por lo que en la CASACIÓN 12873-2016-LIMA, publicada en noviembre del 2020, se establece la postura de la Corte Suprema: la obligación contenida en el Decreto Legislativo N.o 9403 es en efecto una exigencia legal y una obligación que se impone al contribuyente, no obstante su incumplimiento únicamente puede generar las sanciones previstas para ello en el ordenamiento, más no generar la pérdida del derecho al crédito fiscal o a su ejercicio, ya que no está regulado como consecuencia legal en caso de incumplimiento de la norma.

Entonces, si bien se han modificado los requisitos para el ejercicio del crédito fiscal, esto solo implica un incumplimiento formal de lo dispuesto por la Norma VI, por lo que el requisito de cancelación de la detracción no puede ser considerado inaplicable ni nulo, por virtud del principio de legalidad.

Escrito por: Monica Rubio, abogada financiera

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